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Cobrar por cobrar - La Camara

Cobrar por cobrar

La Cámara Argentina de Anunciantes denunció que más de un centenar de distritos del país está imponiendo una falsa tasa de publicidad por anuncios que se realizan en el interior de los comercios. Escobar, por ahora, está exento a esta controversia.

A través de un informe de su propia autoría, la Cámara Argentina de Anunciantes (CAA) acaba de denunciar que una gran cantidad de municipios de todo el país está cobrando de forma ilegítima la publicidad que las empresas realizan en el interior de los comercios. ¿Derecho o invento para recaudar?

A partir de 2001 algunos distritos bonaerenses comenzaron a enviar liquidaciones de “Derechos de publicidad y propaganda” a las “Empresas titulares de marcas” exhibidas en los materiales publicitarios ubicados en el interior de los locales comerciales. Pero las ordenanzas nunca contemplaron el cobro de estos derechos por desarrollarse exclusivamente en el ámbito privado, sin uso del espacio público ni necesidad de autorización, habilitación o control por parte de las comunas.

Sin embargo, en la actualidad ya son 118 los distritos que gravan la publicidad existente dentro de los comercios, algo totalmente insólito e ilegítimo, según la propia Comisión Federal de Impuestos (CFI), y que perjudica especialmente a las pymes por motivos varios.

Generalmente, estos comercios no tienen presupuesto para hacer publicidad “exterior” (carteles, afiches, gigantografías, telones y otros elementos colocados en la vía pública) o en medios masivos. Por eso la exposición de sus productos en vidrieras, stands, pantallas interactivas u otras opciones dentro de los negocios suele ser el único canal de comunicación que tienen con el público.

Asimismo, la mayoría de las pymes no cuenta con el capital de trabajo necesario para poder afrontar esas obligaciones y tampoco puede acarrear el costo de litigar con los municipios para demostrar la ilegalidad de ese cobro. Por ende, se ven obligadas a cumplir una normativa “confiscatoria”.

En ese sentido, según datos de la CAA, ya se reclamaron hasta la fecha $5.000 millones por ese gravamen. Y con un agravante: los municipios delegan el relevamiento de los elementos publicitarios y la gestión de cobro de estos “pseudo-derechos” en manos de diez empresas privadas, que reciben participaciones “muy generosas de lo que se recauda”.

Los municipios afectados por el cobro de este “impuesto” están esparcidos por todo el país. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, son 26 -uno de ellos es Pilar; Escobar, por ahora, está al margen de esta controversia-; en Santa Fe 31, en Misiones 16, en Mendoza 10, en Chaco y Corrientes 5, en Córdoba 4 y en San Luis, Entre Ríos, Río Negro, Salta y Jujuy 3.

Según la normativa, para cobrar una tasa debe haber una contraprestación por parte del Estado. Y para liquidar un derecho la utilización del dominio público. En este caso, según el estudio, no se da ninguna de estas dos cuestiones, por lo que la pregunta inicial se hace fácil de responder.

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